Este 28 de julio fue ilustrativo en cuanto a discursos en relación a lo que debe ser el Perú, la nación, el país. Y al lado del vacío dejado por el gobierno nacionalista –debilitado por los poderes fácticos desde su toma de mando- ha surgido un programa político esbozado por las fuerzas religiosas conservadoras del país. Este programa ha sido repetido tanto en la homilía del Te Deum como en la Acción de gracias evangélica, y ha sido suscrito -para su exhibición en la biblioteca nacional, nada más ni nada menos- en el llamado “Compromiso por el Perú”.  

¿Qué sostiene este plan político? Pues la supremacía de lo religioso; legitimado en el apoyo -se dice- del 95% de la población nacional, número resultante de fieles adscritos a las distintas advocaciones; respaldado por la libertad religiosa y una definición de laicidad que no excluya a las iglesias del acceso a la decisión de las políticas públicas en el fundamento que los valores cristianos no son privados sino públicos.

En primer lugar, para esclarecer esta supuesta confrontación entre Estado e iglesias, habría que decir que tanto el Estado moderno como los derechos humanos, nacieron de una matriz religiosa y contienen en Occidente, un sustrato cristiano. Lo que hoy ha sido el reactivo que ha revelado la ya existente actividad política de las iglesias son las posibles disposiciones estatales en materias relativas a la sexualidad y la reproducción, terrenos que las mismas consideran aún sus fueros privativos, pese a que hoy en día, investigaciones científicas y movimientos sociales, han empujado al reconocimiento de derechos individuales en cuanto al sexo y la reproducción allí donde la tradición mantiene estrictos márgenes.

Este auge de lo religioso haciéndose del terreno político luego de procesos de secularización y laicidad, no es algo que solo ocurra en el Perú, el síntoma ya se ha presentado en todo Occidente. Encuentra su sustento en varias causas. Señalemos algunas: 1) la crisis de la política a manos de la economía expresada en la pérdida de poder de los Estados-Nación en relación a las entidades económicas multigubernamentales o privadas transnacionales; 2) la crisis de la política en su esencia de debate ideológico, al haberse llegado a un “fin de la historia” o “muerte de las ideologías” y 3) la crisis del Estado liberal que al querer sustentarse tan solo sobre libertades ha incidido en el individualismo y ha quebrado los lazos de comunidad que toda nación debe guardar para preservarse.

Las dos primeras causas aluden a que se ha dejado un vacío y todo vacío en política es llenado, en este caso, por la fuerza eclesiástica que quedó relegada del gobierno al inaugurarse el Estado moderno y que en algunos países, como el Perú, nunca abandonó los asuntos públicos, haciéndose una institución paralela –como las Fuerzas Armadas- y de carácter tutelar. La falta de cohesión que otorga el Estado liberal busca ahora ser encontrada en las identidades religiosas. El Estado liberal -transformado más bien en estado neoliberal conservador- requiere entonces de un nuevo pacto con las iglesias para encontrar un vínculo unificador. Este pacto sin embargo, este ceder terreno a las fuerzas religiosas, es una claudicación de lo político y un fracaso democrático.

La democracia es un sistema complejo que va más allá de la elección y voto. La democracia es deliberación de voces plurales y con ello relativismo, pero no relativismo ético pues su fin último es lograr la convivencia de la diversidad. Para ello se requieren instituciones que guarden contrapesos entre sí; para ello, también es necesario el principio básico laicidad (a secas) que permite el respeto de toda creencia religiosa o no y la protección de las minorías. Este sistema democrático en lugar de ser perfeccionado, está siendo amenazado con el recurso fácil a un pensamiento único inspirado en la “palabra de Dios” o en el “derecho natural”.

Las pretensiones de textos legales y políticas para controlar al Estado gracias al reconocimiento de Dios o al valor de los textos sagrados no son privativas del Perú. Un proyecto de ley en EEUU, pretendió en el año 2004 que, si un acto de las autoridades del Estado estaba basado en “el reconocimiento de Dios como fuente soberana del derecho, de la libertad y del gobierno” este no podría declararse inconstitucional por la Corte Suprema. Al igual que en Irán u otras teocracias, la ley divina pretendía hacerse ley civil.

Si no es la voz de Dios, entonces -se dice- hay que acatar la voz de las mayorías que es “la voz del pueblo”. Una falacia reemplaza a otra. Se llama a referéndum para ver qué deciden esas mayorías respecto a la suerte de minorías repitiendo así la doctrina propugnada por el Tribunal popular nazi que durante la Segunda guerra mundial condenó a muerte a más de cinco mil personas por oponerse al régimen. Una doctrina también usada por Mussolini y Stalin.

El derecho natural, es otro argumento al que se ha acudido. Cuando se invoca el derecho natural para decir que hay solo “una verdad”, lo que se está invocando es un totalitarismo. Bien se sabe que sobre la naturaleza hay una serie de visiones y expresiones. El que invoca al derecho natural niega la convivencia de valores y pretende un solo modelo de conducta, apela a la eugenesia social y a una suerte de racismo donde la pureza ya no está en la sangre sino en la conciencia, instiga al sometimiento y humillación de voces contrarias, patea el tablero de la democracia llamando a la desobediencia a categorías de profesionales (médicos, jueces); pretendiendo así -cito a Gustavo Zagrebelsky, ex presidente del Tribunal Constitucional de Italia- “colocarse unilateralmente por encima de las leyes y la Constitución”.

La democracia como forma de gobierno, se deteriora lamentablemente en nuestro país, gracias una Constitución proveniente de un gobierno autocrático, a fallas en el diseño del Poder Legislativo y a partidos políticos de programas volátiles y miembros tránsfugas. Los discursos de fe y la fidelidad de sus membresías hacen de las iglesias, apetecibles medios de obtener votos dado su poder de convocatoria. A esto se añade su histórica legitimidad, tan bien cimentada en un país donde la Iglesia Católica ha hecho las tareas correspondientes al Estado, lo que le ha valido un reconocimiento en la Constitución, al que también se apela como excepción a la laicidad.

Es indudable que esta batalla no es solo por asuntos sexuales y reproductivos, ni es solo de feministas y “minorías sexuales”. La democracia, y sus libertades y derechos, la convivencia de mayorías y minorías están en juego y el compromiso por el Perú tendría que ser otro que el de construir totalitarismos sobre un terreno que parece fértil para los mismos. La democracia es un sistema que no trae la tranquilidad que dan las “verdades únicas y eternas”, y por ello demanda esfuerzos de compresión y ecumenismo en su significado de “unidad de lo distinto”. A ello se comprometerán cristianos y no cristianos, creyentes o no creyentes pero demócratas al fin.