El viernes último se celebraron 30 años de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una organización que nació de la necesidad de agrupar los reclamos de quienes fueron víctimas de la  violencia, reclamos que hasta hoy día no han sido resueltos por la justicia. 

 Nacida a la sombra de la violencia, la CNDDHH focalizó sus acciones en la defensa de los derechos humanos en su vertiente de derechos civiles y políticos; aquellos derechos urgentes que nos libran de la tortura, las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, y que son los primeros en ser amenazados en contextos extremos. Al hacer un recuento de sus 30 años, la CNDDHH parece haber respondido bien a las coyunturas que demandaban una reacción al conflicto y en ese contexto, a las violaciones de derechos tanto de grupos armados como del Estado contra la población civil. Sin embargo, no solo la guerra plantea grandes retos, estos también son exigidos en tiempos de paz.

Remontándonos a hace tres décadas, la CNDDHH también marcó un hiato que nunca fue necesario respecto a los derechos también humanos de otros grupos que aunque no arrojaban víctimas bajo la pólvora, también eran parte de la violencia estructural de este país. Derechos que aunque no eran civiles ni políticos, también eran humanos. Los derechos de las mujeres que en los años 80 eran trabajados por las organizaciones feministas no fueron acogidos como derechos humanos, ni aún el tema álgido de la violencia contra la mujer. Este sesgo separó por buen tiempo dos agendas que debían haber sido complementarias.  

Pese a que los derechos humanos como acontecimiento liberal nacieron de una ruptura con la iglesia y su rechazo como institución tutelar vinculada a la monarquía, antítesis de la democracia, en América Latina los sectores progresistas de las iglesias defendieron en la mitad del siglo XX, el núcleo duro de los derechos humanos, al interior de los derechos civiles y políticos. Sin embargo, el rol tutelar y la alianza política con grupos de izquierda o derecha no dejó de ser una constante en países no industrializados y de poca institucionalidad democrática. Las razones por las que no se produjo un acercamiento entre CNDDHH y organizaciones de derechos de la mujer estuvieron relacionadas al peso gravitante de la iglesia católica al interior de la CNDDHH y su posición contraria al aborto en cualquier caso, así conllevara esto una violación a los derechos reproductivos de la mujer.  

La CNDDHH se está esforzando sin embargo en los últimos años -lo que fue reiterado en la parte final del acto celebratorio- por superar una perspectiva limitada de los derechos humanos y trabajar en conjunto con un amplio espectro de organizaciones dedicadas a los derechos indígenas o a los derechos lgtb. Que este interés no solo se registre en un indicador de con cuántas organizaciones se trabaja, sino también de resultados. La gestión de Rocío Silva Santisteban ha apuntalado un camino iniciado ya por el secretariado que la antecedió y esperamos que esta hoja de ruta continue. Y es que en un país como el Perú, con niveles de ciudadanía tan dispares, la visión de los derechos humanos no puede restringirse a solo el conflicto armado y a sus víctimas, a riesgo de caer en el asistencialismo, de reducir peligrosamente el potencial crítico de los derechos humanos como programa político, de fragmentar un movimiento ciudadano y desalentar un interés popular por los derechos humanos.  

Los derechos humanos no son una cuestión de abogados y tecnócratas, sino un programa político que poco a poco ha ido completándose a medida que los movimientos sociales reivindicaban lo suyo. La evolución de los derechos humanos tuvo que ver con una crítica a la democracia formal de solo voto y ciudadanía abstracta que no tomaba en cuenta las diferencias entre los individuos producto de su existencia real: así las mujeres y su capacidad reproductiva violentada por un sistema patriarcal, los grupos racialmente discriminados, los que sufren limitaciones mentales o físicas, los de orientación sexual o identidad de género distintas, y de allí también la inquietud por el medio ambiente que nos alberga y nutre, y por ende, el derecho a la alimentación o a la vivienda; derechos todos que pueden ser amenazados en cualquier momento de nuestra vida cotidiana y que a la larga acentúan las condiciones de violencia estructural que desencadenan los conflictos.  

Finalmente, queda la preocupación –que se manifestó en el acto- sobre un futuro electoral no muy garante de los derechos humanos, lo que nos hace pensar en qué tan bien hicimos el trabajo de fortalecer movimientos pro democracia luego del fujimorato, y en qué tan fuertes y profundas son las raíces de la corrupción y la crisis institucional del país.