Ha llegado el momento en que la Comisión de Justicia del Congreso discuta sobre el proyecto de ley 3839/2014-IC, "Ley que despenaliza el aborto en los casos de embarazos a causa de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida", presentado el año pasado con la firma de sesenta mil ciudadanos/as. Para salir de un imaginario limeño y clasemediero, sería bueno examinar las cuatro posibilidades de violación sexual que agrupan la mayor parte de casos: la violación en conflicto armado, la violación incestuosa al interior de la familia, la violación cruenta por ataque de extraños y la violación por parte de la pareja, sea marido, enamorado o conviviente. Toda esta casuística tiene historia en el Perú, una historia que empieza con la Conquista y la violación de mujeres nativas y un mestizaje no deseado, pero existente y sometido al poder español católico. Hijo ilegítimo, no reconocido, pero finalmente siervo del reino.
El grueso de las violaciones hoy en día tiene como víctimas a mujeres que se encuentran en una situación de riesgo. De ahí que ocurran durante una guerra o en hogares violentos, hacinados y sumidos en la pobreza, y que sean cometidas contra niñas y jóvenes, discapacitadas o enfermas mentales. Las posibilidades de embarazo se concentran en esos supuestos y no como algunos imaginan, diciendo que las probabilidades de embarazo a resultas de una violación son “remotas”. Se trata de circunstancias en que las mujeres son violadas sistemáticamente.
En guerra o paz, el embarazo forzoso no da vida sino muerte. Cuando la etnia Hutu quiso acabar con la minoría Tutsi en Rwanda, en 1994, durante cien días el genocidio usó el asesinato y la violación para matar al 20% de la población del país y violar a más de doscientas mil mujeres. Se incitó a la violación por prensa escrita y radio-televisión. Mientras las violadas hoy sienten la culpa de haber sobrevivido, más de diez mil niños viven con el estigma de ser “los hijos del odio” o del “mal recuerdo”. Entre 1992 y 1995 en la ex Yugoeslavia, el embarazo fue usado para limpieza étnica por los serbios contra el grupo bosnio. A resultas del conflicto, la violación y la esclavitud sexual a que fueron sometidas cincuenta mil mujeres, fueron declarados crímenes de lesa humanidad en el derecho internacional de los derechos humanos.
El estigma de los hijos de la guerra es de los más fuertes. Son los “hijos del enemigo”. La Primera Guerra Mundial produjo 403 niños nacidos en la Francia invadida, fruto de violaciones alemanas. Una autoridad estatal fue creada para que los niños se repartieran anónimamente en diferentes regiones del país, lejos del área de ocupación enemiga pues era imposible concebir que podrían vivir localizados en el área de oprobio. ¿Qué ocurrió con las mujeres violadas y sus hijos fruto de la violencia política en el Perú? El 83% de cinco mil violaciones fueron cometidas por soldados del estado peruano y contra campesinas quechua hablantes de ese mismo estado, como si se tratara de población enemiga. Sin duda, un crimen también racista y una población que aún espera justicia y reparación.
¿Qué decir sobre los hijos del incesto que se da en los estratos más excluidos? Si muchas de las personas que acompañan las marchas por la vida se oponen a las uniones del mismo sexo aduciendo que podrían ser incestuosas, por qué defienden entonces los embarazos producto de un incesto? ¿Si para ellos, la violación es menor crimen que el aborto, el incesto es por lo tanto, menor crimen que el aborto? 77% de las víctimas de violación tienen menos de 18 años. La mayor parte se concentra entre los 14 y 17 años, sus violadores están en su círculo doméstico y su violación sexual es reiterada. ¿Si la violación sexual es una violencia atroz no es acaso tan violento imponer un embarazo que además tendrá un estigma social de por vida sobre madre e hijo? ¿Si la Vida estuviera por encima de una violación, no estaríamos afirmando perversamente que no importan los medios sino los fines y validando el crimen para celebrar la Vida?
Estas dudas nos llevan a preguntarnos entonces, ¿es realmente la Vida lo que en el caso de violación; eclesiásticos y fieles persiguen proteger? ¿Por qué no vemos las mismas marchas organizadas por un mayor presupuesto educativo o contra la tele basura? La respuesta quizás está en el doble rasero que impera en este país; al mismo tiempo, entre los diez países más violadores del mundo según la OMS, y entre los diez más religiosos. ¿Cómo explicar este hecho? La respuesta probablemente nos remita a esa convivencia de ciudadanía de primera y segunda clase, y de economía formal e informal al interior del territorio. Y es que desde que fuimos colonizados, las exigencias de ser parte de un ejército o una iglesia fueron impuestas a una población que al mismo tiempo era marginada del poder. Ante el autoritarismo solo cabía el espíritu de obediencia o, para evitarse problemas o “ganarse alguito”, era mejor no ir a contracorriente del más poderoso sino unirse a él, al menos de la boca para afuera. Esto último resulta claro en la actitud de la clase política. Mientras la población se confunde en el perreo, las más vulnerables son violadas y las iglesias se complacen afirmando su principio de autoridad; los políticos optan no por un análisis serio de datos, ni de medidas que eviten circunstancias de riesgo para las niñas y mujeres, ni se detienen en las consecuencias para la salud y socialización de violadas y nacidos. Optan por esconder su negociación con el statu quo tomando el nombre de la Vida.
