Me ofende como ciudadana, que alguien que se diga “representante de una comunidad espiritual” como lo es un arzobispo, rete –mediante propuesta de referéndum- a un alicaído Estado ante el que llevó a cabo una demostración de fuerza un par de semanas atrás. La proposición no es pues inocente ni respetuosa del Estado laico, ni democrática, como se ha señalado con cierto fariseísmo; todo lo contrario, se regodea de su posible derrota. Es más, desde el punto de vista religioso, diríamos que se peca de soberbia.  

Sabido es que la iglesia católica gozó de un monopolio de siglos gracias a la autoridad de un imperio del que nos liberamos política, mas no mentalmente. Y que si hoy la iglesia católica tiene confiabilidad entre los ciudadanos y el Estado no la tiene, es porque con su enorme poder económico y capacidad organizativa suplió al Estado en recursos y tareas que este no pudo llevar a cabo. Dicho en otros términos, digamos que el Perú hoy es una sociedad de feligreses más que una sociedad de ciudadanos. Este hecho no se debe a ninguna espiritualidad sobrenatural que caracterice en particular a los peruanos, sino más bien a duros golpes asestados a propuestas democráticas que pugnaron por existir durante nuestros casi doscientos años de república, por rara que parezca esta palabra. Quienes dicen que el tema de los homosexuales no tiene ninguna importancia en la agenda política se equivocan. Más allá del motivo de discusión entre poderes terrenales y celestiales, tenemos ante nosotros una radiografía del estado de la ciudadanía en este país y eso es lo que debe importarnos.

El que en el Perú predominen la homofobia, el racismo, el machismo, el desconocimiento a crímenes de odio, el desprecio a la cultura como forma de fortalecer el tejido social, la estrechez de visión en cuanto a la importancia de la producción intelectual, el consumismo fácil, la falta de movimientos sociales y partidos de a verdad, nos habla de una sociedad que no se gobierna a sí misma, y a la que no le queda sino ser gobernada desde el autoritarismo y la tutela; desde la ley del más fuerte o la del sicario. Una iglesia responsable y respetuosa de la democracia y ciudadanía no es la que se jacta de crear un estado dentro de otro estado, sino aquella que contribuye a dar solución a todos estos problemas. Una iglesia sólida no tiene necesidad de imponer sus creencias gracias al miedo y al prejuicio. Baste señalar el ejemplo de Dinamarca, primer país del mundo en declarar legales las uniones civiles de parejas del mismo sexo en 1989 y donde el Estado no es “laico” como falazmente se hace pasar el nuestro, sino confesional.

La debilidad de la organización política frente a la organización religiosa es obra de nuestra propia clase política. Todo vacío dejado es tomado. Y no solo hay poco esmero en sacar adelante una tradición democrática al permitirse el desgobierno señalado, sino que hay responsabilidad por echar mano fácilmente de aquellos grupos organizados –en este caso las iglesias- para alcanzar metas electorales. 

Baste hacer un recuento histórico desde 1990: fue Vargas Llosa quien invitó a Rafael Rey y a otros conservadores católicos en su campaña del Fredemo para contrarrestar a Fujimori y sus evangélicos de pueblo; Toledo se alió con las fuerzas del ultramontano Solari, que llegó a Primer ministro; García recurrió de nuevo a los evangélicos igualándolos en privilegios a los que recibe la iglesia católica gracias a un tratado internacional (Concordato) firmado con el Vaticano entre gallos y medianoche por la dictadura de Morales Bérmudez pocas semanas antes de dejar el gobierno. 

Valga decir que somos de los pocos países con Concordato en el mundo, que obligan a recibir una educación religiosa y a exonerar de tributos a la iglesia católica y pagar un sueldo a su jerarquía. A esta repartija entre políticos e iglesias -que sembró en el camino derechos relativos a la sexualidad y a la reproducción, esfera que las iglesias quieren monopolizar- se suma que en nombre de la libertad religiosa se haga uso de los espacios públicos de forma ya “naturalizada”; las imágenes religiosas católicas están en parques y al interior de universidades públicas o Ministerios y otras oficinas del Estado como las imágenes de Buda pueblan Sri Lanka. No sé si sería bien acogida, en vista de la libertad religiosa, una iniciativa budista de ubicar estatuas al lado de las vírgenes en los mismos parques.

¿Que la solución sea guardar la religiosidad para la esfera privada? No lo creo. Iglesias y gobiernos son dos fuerzas que se disputarán por siempre el espacio público y el mismo auditorio, o que se articularán fortaleciendo la misma armazón de poder, como ocurre en el caso peruano. El ideal es un equilibrio lejos de las tentaciones autoritarias y de modelos fracasados históricamente, en los que una estructura legal conservadora e inflexible ha dado la espalda a un país real.